Liberalización. Ni el Tratado de la Unión Europea ni la Directiva de Servicios obligan a España a liberalizar el servicio de taxi ni los transportes urbanos prestados por los VTC. Tampoco es la tónica dominante en los países de nuestro entorno. La libertad de elección de servicios, también está garantizada aquí. El Tribunal Supremo ha aclarado los márgenes del terreno de juego, avalando restricciones proporcionales y no discriminatorias entre ambos sectores, decidiendo indirectamente sobre el volumen total de las flotas de ambos servicios y congelando el crecimiento del sector de las VTC. Entonces, ¿Cuál es la tensión que impide que este conflicto se cierre con mesura y raciocinio? La pasión por la iniquidad.

Iniquidad. Injusticia grande con los taxistas que inició el Gobierno de Zapatero en 2009, indignándoles y mintiéndoles por mitad, perdurando el sentimiento por una década. Aquel, más papista que el Papa, liberalizó en España las VTC sin que la Bolkestein se lo exigiera. Aventureros y oportunistas aprovecharon esa ventana, para llenar sus bolsillos. Para colmo, una errática y ambigua política de populares y socialistas, retrasó la vuelta al mercado regulado, finalmente recuperado en el año 2015.

Demasiados años de incertidumbre legal que han posibilitado un gigante episodio de la España del pelotazo, protagonizado por cortesanos del poder y algunos ex taxistas avezados, del que ha resultado un crecimiento especulativo de las VTC, decuplicándolas. Ni el Estado ni la Fiscalía han querido hasta la fecha desmigar esas cuestiones. Quizá en el futuro se revise el pasado.

Demasiados años de incertidumbre legal que han posibilitado un gigante episodio de la España del pelotazo, protagonizado por cortesanos del poder y algunos ex taxistas avezados

Pasado. Este incremento de VTC se propicia al calor de la irrupción de las plataformas digitales. Uber y Cabify han creado un nuevo mercado de servicios al que los taxistas no acceden por el momento. En una parte por idiosincrasia y en otra por los frenos regulatorios a la competitividad que imponen Comunidades y Ayuntamientos, más alejados de las necesidades de los usuarios de lo que debieran.

Las prácticas de mercado de Uber y Cabify, predatorias y persecutorias del oligopolio, tampoco son edificantes y están basadas en la sistemática trasgresión de las normas. Esto impide abrir ningún escenario de diálogo que permita una convivencia ordenada entre ambas modalidades de servicio. Por único consuelo el número de licencias se encuentra validado por el Tribunal Supremo.

Licencias. Alcaldes protopopulistas crearon o mantuvieron, durante décadas, miles de licencias de taxi, junto con un mercado sobredimensionado y clientelar de 65.000 taxistas autónomos a quienes, con estrictas leyes, les han impedido su desarrollo empresarial y evolucionar a favor de las preferencias de los usuarios.

Las legítimas expectativas en el acceso a dichas licencias por parte de personas de clase popular, contrastan con las adquisiciones de “paquetes” de miles de VTC por parte de fondos de capital riesgo. La hipocresía de parte de la política española, termina por culminar un puzzle de crispación que se hace pasto de miles de trabajadores autónomos, que se han tragado la peor parte de una crisis de la que no terminamos de salir y que ven peligrar sus ahorros y medio de vida depositados en licencias y taxis, sin que nadie responda de la certidumbre que dicho sistema tenía hasta que la tecnología abre a penaltis el resultado de este partido.

La hipocresía de parte de la política española, termina por culminar un puzzle de crispación que se hace pasto de miles de trabajadores autónomos

Tecnología. Elemento de admiración y rechazo de mercados rígidamente regulados, que difícilmente la digieren sin la ayuda de los poderes públicos, para planificar tránsitos ordenados a nuevas realidades de consumo que son inexorables. Este asunto de taxis y VTC no va de tecnología, ni de intermediarios tecnológicos entre proveedores y usuarios. Tan tecnológico es Uber como MyTaxi. Va de compensar a los taxistas por la iniquidad que ha permitido la entrada incontrolada al mercado de miles de vehículos de arrendamiento con conductor, y recuperar reglas de competencia leal que delimiten un terreno de juego nivelado y regulado, a fin de que la tecnología sea una herramienta en favor de todos, no en beneficio de unos pocos. En favor, en este caso, de la movilidad urbana y los ciudadanos, contribuyentes y votantes.

Política y competencias. Las competencias en materia de transporte están aclaradas por el Tribunal Constitucional desde 1996. Quienes no han actuado en este tiempo, no pueden ahora alegar responsabilidad de otros. La política del peloteo entre administraciones y partidos políticos, la mala regulación de los sectores en beneficio de la ciudadanía, y la judicialización eterna de los problemas sociales y mercados económicos arroja a miles de personas a la desesperanza en la justicia material del Estado. Eso lleva a la protesta, la frustración y, en casos, a la melancolía. Luego no nos extrañemos del auge de los populismos.

Con la premisa de la necesaria compensación a los taxistas, perjudicados por el desatino del Estado, y hacía la búsqueda de una reordenación eficiente y competitiva de la movilidad. ¿Cuándo nos sentamos todas las partes implicadas, sectores, administraciones, sindicatos y usuarios, para acometer la tarea de regular eficazmente la movilidad urbana? Dejar pasar más tiempo, para continuar haciendo electoralismo, es obsceno.

Emilio Domínguez del Valle. Abogado y Secretario Técnico de la Federación Española del Taxi (FEDETAXI).